Competencia sin competidores
El 5 de junio se ha publicado en el BOE el texto
aprobado de la Ley 3/2013 de creación de la Comisión Nacional de los Mercados y
la Competencia (CNMC). Dentro de cuatro meses sus diez
miembros serán nombrados por real decreto del Gobierno a propuesta del Ministro
de Economía y desaparecerán ocho organismos reguladores, entre ellos los de la
energía (CNE) y la competencia (CNC). El poder ejecutivo ha capturado todos los
organismos reguladores independientes de la economía y la competencia de los
mercados energéticos se diluye en la única voluntad del Ministro de Industria.
La explicación oficial es el ahorro de costes pero la principal novedad está en
las disposiciones adicionales que asignan a los ministerios las funciones que
hasta ahora asumían los actuales organismos reguladores.
La disposición adicional octava determina las
funciones que asume el Ministerio de Industria, Energía y Turismo en materia de
energía, entre ellas la inspección de las instalaciones, su disponibilidad,
facturación, condiciones de venta a los consumidores y calidad del servicio;
acordar la iniciación e instrucción de expedientes sancionadores; tramitar las
reclamaciones planteadas por los consumidores y realizar la liquidación de los
costes de transporte y distribución de energía y de los costes permanentes del
sistema.
La disposición adicional novena establece que el
Ministerio de Industria conocerá la toma de participaciones y adquisición de
activos en el sector energético y será el Ministro de Industria, Energía y
Turismo quien podrá imponer las condiciones y obligaciones a las sociedades que
participen en estas operaciones y supervisar su cumplimiento sin que los
informes de la CNMC sean vinculantes.
En la disposición adicional decimoquinta se crea
el Consejo Consultivo de Energía como órgano de participación y consulta del
Ministerio de Industria, Energía y Turismo y no de la propia CNMC.
Es evidente que se desactiva así el control de
los organismos reguladores independientes que vigilaban hasta ahora la
competencia de los mercados energéticos y será el poder ejecutivo el único que
dictará y supervisará las normas de la competencia. Es un modelo de competencia
sin competidores que permite que los mercados sigan cerrados y controlados por
los oligopolios actuales.
El modelo energético se consolidará así como un
modelo cerrado a la competencia y entrada de nuevos actores, lo cual perjudicará
en primer lugar a los consumidores que, sin libertad para elegir, seguirán
pagando el modelo más caro y contaminante de los combustibles fósiles. Supone
una barrera definitiva a la innovación y a las nuevas tecnologías renovables y
de ahorro energético y la continuidad de la falta de transparencia en el
funcionamiento del sistema energético. La pérdida de la independencia
regulatoria y la concentración de funciones en el Ministerio de Industria
convierten a éste en juez y parte. Esta ley lo único que asegura es el
inmovilismo de la política energética, por lo que no es difícil aventurar que
los problemas seguirán creciendo por una ley que tampoco va ayudar a la
reactivación económica.
Vía: Javier García Breva
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